El Tribunal Constitucional de Chile confirmó una multa histórica de $40.000 millones contra las inmobiliarias Administradora Punta Puertecillo SpA e Inversiones Ayelén, propiedad del empresario Jorge Gálmez, por desarrollar un loteo habitacional irregular en suelos agrícolas en la costa de Litueche, región de O’Higgins.
El Tribunal Constitucional (TC) ratificó la imposición de una sanción de casi $40 mil millones a las inmobiliarias Administradora Punta Puertecillo SpA e Inmobiliaria e Inversiones Ayelén, sociedad vinculada al empresario y dueño de Mall Sport, Jorge Gálmez, por la urbanización irregular del proyecto Punta Puertecillo, ubicado en suelos agrícolas de la costa de Litueche .
El fallo del TC, que rechazó los recursos legales presentados, se suma a una anterior multa de $3.600 millones impuesta por la Corte Suprema por infringir la Ley de Bases del Medio Ambiente —por iniciar obras sin someterse al SEIA cerca del humedal y estero Topocalma. Las sanciones se derivan de dos infracciones distintas: una ambiental y otra urbanística.
Antecedentes
Proyecto Punta Puertecillo prevé la creación de casi 300 lotes con fines habitacionales en terrenos catalogados únicamente para uso rural, según la Seremi de Vivienda tras una inspección realzada en 2019.
El Juzgado de Policía Local de Litueche, en junio del año 2023, estableció la multa de $39.606.813.700.-(equivalente a un 200 % del avalúo fiscal) bajo la Ley de Urbanismo —que penaliza con esa proporción la transformación de suelos rurales en urbanos sin aprobación previa.
En paralelo a esta resolcuió establecida por el JPL de Litueche, la Corte Suprema, en noviembre de 2022, prohibió la venta de nuevos lotes y multó con 5.001 UTA, es decir, $3.350.000.000.- por operar sin RCA y por captación de agua cercana al humedal de Topocalma.
Fundamentos del Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional desestimó los argumentos de defensa, que consideraban la multa “desproporcionada” y restrictiva de garantías constitucionales, así como la alegación de que ya se había sancionado previamente por los mismos hechos. El Tribunal sostuvo que:
- La normativa urbanística es clara: prohíbe subdividir o urbanizar suelos rurales sin un cambio de uso, dado el riesgo que implica la pérdida de suelos fértiles, sobrecarga de infraestructuras y afectación del acceso al agua .
- Se trata de dos infracciones separadas: una ambiental y otra de uso de suelo, por lo que no existe doble sanción por el mismo motivo
Impacto social y territorial en Litueche
La comuna de Litueche es una de las comunas con mayor crecimiento demográfico y presión inmobiliaria en la costa central, lo que ha puesto en tensiones a las comunidades por loteos irregulares y el deterioro de servicios públicos —como recolección de basura y alcantarillado—, además del riesgo para suelos de alta calidad agrícola, contaminación de napas subterraneas, depredación de ganadao familiar por parte perros asilvestrados, entre otros aspectos negativos de la migración interna.
Lo que se viene
Mientras el Tribunal Constitucional ratificó la multa, ahora será la Corte de Apelaciones de Rancagua la que deberá dirimir las apelaciones presentadas por las inmobiliarias. En sus alegatos, estas sostienen que la cuantía es “confiscatoria” y que contaban con permisos para ejecutar la parcelación.
Al mismo tiempo, el proyecto continúa su camino hacia una evaluación ambiental formal (RCA), durante la cual están suspendidas las ventas de nuevos lotes, y los terrenos ya vendidos pueden ser objeto de fiscalización por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, según ordenó la Corte Suprema.
El caso de Punta Puertecillo se erige como un precedente en la fiscalización de urbanizaciones costeras que vulneran la planificación territorial y la protección ambiental en Chile, reflejado en la respuesta legal firme por parte del Tribunal Constitucional y de los tribunales tradicionales.
