El loteo irregular en Punta Puertecillo, Litueche, marca la sesión ambiental del gobierno de José Antonio Kast.
Por: JR Labra
El Comité de Ministros del actual gobierno decidió mantener el rechazo al polémico proyecto de carácter inmobiliario situado en el sector de Punta Puertecillo, en la costa de la comuna de Litueche, sumando así un nuevo revés a esta iniciativa particular, rodeada de cuestionamientos judiciales, ambientales y también ciudadanos.
Presidida por la Ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, no solo se analizó la reclamación de la región de O’Higgins, sino que también se revisaron de otras zonas del país, como el proyecto Copiaport-e, iniciativa de US$450 millones emplazada en la Región de Atacama, iniciativa que contempla infraestructura portuaria para recepción, almacenamiento y embarque de graneles limpios, además de transferencia de contenedores y carga general en las comunas de Caldera y Copiapó. El Comité de Ministros decidió mantener la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable.
Un nuevo rechazo a Punta Puertecillo
Un nuevo revés sufrió el proyecto inmobiliario Punta Puertecillo, emplazado en la comuna de Litueche, luego que el Comité de Ministros resolviera mantener la calificación ambiental desfavorable de la iniciativa, rechazando la reclamación presentada por sus titulares para revertir la decisión adoptada previamente por las autoridades ambientales.
La determinación fue adoptada durante la sexta sesión del Comité de Ministros de la administración del Presidente José Antonio Kast, instancia que revisó proyectos de inversión por más de US$735 millones en distintas regiones del país. Mientras tres iniciativas conservaron sus aprobaciones ambientales, el proyecto Punta Puertecillo fue el único que mantuvo su rechazo.
La iniciativa, impulsada por Inmobiliaria e Inversiones Ayelén Limitada y vinculada al empresario Jorge Gálmez, contempla una inversión cercana a los US$20 millones y buscaba regularizar obras ya ejecutadas en el sector costero de Punta Puertecillo. Entre ellas se consideran caminos interiores, redes de agua potable, sistemas eléctricos, infraestructura de apoyo y equipamientos deportivos, turísticos y culturales asociados a una extensa parcelación rural.
Según los antecedentes ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el proyecto considera un total de 307 parcelas emplazadas en terrenos rurales de la comuna. Precisamente este punto ha sido uno de los principales focos de controversia durante los últimos años, debido a cuestionamientos relacionados con el uso habitacional de subdivisiones rurales y los posibles impactos ambientales derivados de la urbanización progresiva del sector.
El caso incluso llegó a instancias judiciales. En años anteriores, la Corte Suprema confirmó sanciones contra la inmobiliaria y ordenó la prohibición de continuar comercializando terrenos del proyecto mientras no existiera una Resolución de Calificación Ambiental favorable. El máximo tribunal concluyó que las características de la iniciativa excedían las de una simple parcelación rural, estableciendo además la existencia de riesgos ambientales que obligaban a una evaluación más exhaustiva.
Tras el rechazo ambiental emitido originalmente por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de O’Higgins, la empresa presentó una reclamación ante el Comité de Ministros, buscando revertir la resolución negativa y reabrir el proceso de evaluación. Sin embargo, la instancia integrada por las carteras de Medio Ambiente, Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería decidió rechazar los argumentos presentados por el titular y mantener vigente la calificación desfavorable.
La resolución representa un nuevo obstáculo para el desarrollo del proyecto, que durante años ha enfrentado observaciones ambientales, controversias urbanísticas y procesos judiciales relacionados con la transformación de terrenos rurales en un complejo habitacional y turístico de gran escala.
Con esta decisión, Punta Puertecillo continúa sin contar con la autorización ambiental necesaria para regularizar su operación y desarrollo futuro, manteniendo abiertas las interrogantes sobre el destino definitivo de una de las iniciativas inmobiliarias más controvertidas de la costa de la Región de O’Higgins.
El caso vuelve a instalar el debate sobre las parcelaciones rurales en Chile y los límites entre el desarrollo inmobiliario, la planificación territorial y la protección ambiental, especialmente en zonas costeras que han experimentado una creciente presión urbanística durante la última década.
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